SOCIEDAD: CONADUV RECHAZA AUMENTO DE TARIFAS EN EL PEAJE


Concejal Pereyra y Ricardo Lasca en oportunidad de su visita a Areco

COMUNICADO DE PRENSA

Rechazo al nuevo aumento de hasta el33 % de las tarifas de peaje en la
autovía 2 y ruta interbalnearia Nº 11
El tercer aumento de peaje del gobernador Daniel Scioli.
Aumento abusivo, ilegal, injusto, discriminatorio y carente de todo
fundamento técnico-económico
A pesar que las tarifas de peaje vigentes en la autovía Nº 2 y ruta
interbalnearia Nº 11 son abusivas e ilegales, el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, autorizó un nuevo incremento de
las mismas de hasta el 33 %
El CONADUV exige suspender el aumento y convocar en forma urgente a una
audiencia publica “vinculante” para que los usuarios viales podamos expresar
nuestros reclamos y alternativas que puedan evitar semejante incremento
arbitrario, abusivo e ilegal.
Ante la autorización por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
de un nuevo aumento de hasta el 33 % en las tarifas de peaje de la Autovía 2
y Ruta Interbalnearia Nro. 11 y que regirá a partir del mes de octubre de
2010, el CONADUV expresa su más enérgico rechazo a este incremento, por
abusivo, ilegal, arbitrario, injusto, discriminatorio y principalmente por
carecer de fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la
ingeniería económica de transporte.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) lamenta esta nueva
actitud antidemocrática y autoritaria del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, que ni siquiera convocó a una audiencia pública donde los usuarios
viales pudieran expresar sus reclamos y las alternativas para evitar otro
escandaloso aumento. Cabe señalar que los usuarios viales son parte de los
contratos de concesión, y son quienes realmente con mucho esfuerzo financian
este régimen perverso de “falso peaje” y de impuesto al tránsito.
Lo único que se logra con esta medida es seguir beneficiando y premiando a
los concesionarios de los caminos, sin importarle al Estado Provincial los
graves perjuicios económicos que ocasionan y seguirán ocasionando, no sólo a
los usuarios viales, sino a toda la comunidad en su conjunto.
El CONADUV reitera la denuncia realizada al inicio de las respectivas
concesiones viales, en cuanto a que no existen estudios técnico-económicos
que fundamenten las tarifas que se han estado cobrando y que se cobran
actualmente, no cumpliendo así con lo expresamente establecido por la Ley de
peaje Provincial 9.254 .
Dicha Ley expresa claramente que “las tarifas de peaje no deben superar el
valor económico del servicio ofrecido”, lo que en el lenguaje común, está
representado por el ahorro que el usuario debe recibir en razón de las obras
de mejora que el Concesionario está obligado a efectuar sobre la
infraestructura, en razón de la concesión.
Es decir, que el cobro de la tarifa de peaje, es una contraprestación por un
ahorro real que recibe el usuario, y nunca la tarifa lo debe superar. Desde
ya que este ahorro se puede medir, y existen metodologías aceptadas al
respecto, todo lo cual significa un conocimiento técnico, disponible a
través de profesionales especializados en ingeniería económica de
transporte.
Conviene tener en claro la importancia de este tema tarifario. En efecto, si
la tarifa de peaje no cumple con la Ley vigente, ni con las reglas de arte
de la ingeniería económica de transporte, tal cual ocurre desde la
implementación del sistema de peaje en la Provincia de Buenos Aires, no sólo
no hay ningún ahorro excedente para el usuario, sino que no se puede bajar
el costo de transporte, y ésta es justamente la función económica
fundamental de la obra de mejora vial encargada al Concesionario. Una de las
principales funciones del camino es generar riquezas o beneficios económicos
para toda la sociedad en su conjunto, fundamentalmente a través de la baja
en el costo de transporte.
La disminución del costo de transporte mediante la mejora permanente de la
infraestructura correspondiente, es objetivo irrenunciable de los Países,
por la importancia que tal disminución tiene la promoción regional.
Lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires, es que el CONADUV, apoyadas
por expertos en el tema, sostienen con razón que las tarifas aprobadas por
el Poder Ejecutivo Provincial son ILEGALES, ya que son superiores a los
ahorros, y en consecuencia no cumplen con la Ley de peaje vigente ni con las
reglas de arte de la ingeniería económica de transporte; por lo tanto no hay
ahorros excedentes, no hay disminución del costo de transporte, y no hay
promoción económica regional.
En las condiciones actuales, hay pérdida económica y las tarifas deben ser
corregidas, o reemplazar el régimen de peaje con cabinas de cobro en ruta,
por un sistema de peaje indirecto o en la sombra, SIN GARITAS DE COBRO NI
ADUANAS INTERIORES, y evitando así el costo que tienen las casillas de
peaje, y revertir esta lamentable situación.
Es importante destacar, que el propio ex Ministro de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos de la gestión del Gobernador Felipe Solá,
reconoció públicamente en una nota realizada por el diario La Nación, que no
se habían realizados los estudios técnicos correspondientes que
fundamentaran las tarifas de peaje que se están cobrando desde el inicio de
las concesiones. Es realmente increíble que a pesar de estas afirmacioneshechas por un Funcionario Público del Gobierno de Buenos Aires, nadie haya
tomado las medidas necesarias para suspender en forma inmediata el cobro de
peaje que es claramente ilegal.
La prueba del hecho observado en la realidad del mercado de transporte, es
que al implementarse este falso peaje o impuesto al tránsito, los fletes del
transporte de cargas por camión aumentaron , en lugar de haber disminuido si
las tarifas hubieran cumplido con lo que marcan las leyes de peaje vigentes.
Un ejemplo muy claro de nuestra afirmación en cuanto a que el peaje actúa
como un nuevo costo o un impuesto al tránsito, es que por Disposición 949/91
de la Provincia de Buenos Aires, se autoriza a trasladar el costo de la
tarifa de peaje al transporte público de pasajeros, reconociendo las misma
autoridades provinciales que el peaje es un costo y no el pago de una
contraprestación real ofrecida
Frente a éste reclamo de los usuarios, el Poder Ejecutivo Provincial hace
oídos sordos y no toman las medidas necesarias para corregir esta

situación.
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y la Legislatura
correspondiente , son los que a través de Comisiones Especiales, deben
actuar para resolver el problema suscitado, con todas las facultades para
asistirse mediante especialistas y realizar aquellas audiencias públicas que
permitan conocer las posiciones de todas las partes, y en definitiva
proceder a arbitrar de manera de adoptar la solución que basada en
fundamentos técnicos, económicos y legales, pruebe ser la que responde a
satisfacer la necesidad y conveniencia públicas, es decir, de la comunidad
en su conjunto.
Para peor, no existen Entes Reguladores, que contemplen la participación
activa, con voz y voto de los usuarios viales.
El Poder Ejecutivo Provincial y la Legislatura correspondiente no actúan
como árbitro eficiente en los términos mencionados y cuando la importancia

de los reclamos así lo justifique. La consecuencia es que las situaciones
planteadas subsisten en el tiempo, y no existe ninguna garantía
institucional de diagnóstico cierto de errores y menos de gestión práctica
que corrija los mismos.

La Legislatura provincial, constitucionalmente tiene a su cargo dentro del
poder republicano, la tarea de control de los actos del Ejecutivo, y más
aún, cuando por ejemplo, existen Comisiones de Obras Públicas, de
Transporte, de Defensa de Usuarios y Consumidores, Defensor del Pueblo,

entre otros, con el objeto de asegurar que se respete el interés general.
El reclamo de los usuarios sobre la ILEGALIDAD de las tarifas de peaje y
sus perjuicios, cae en su jurisdicción.

El CONADUV exhorta al señor Gobernador de la Provincia de la Provincia de
Buenos Aires, a cambiar de actitud y suspender en forma inmediata el
incremento de tarifas de peaje anunciado, y convocar en forma urgente a una

Audiencia Pública “VINCULANTE”, donde todos los interesados puedan cambiar

opiniones sobre la infraestructura vial provincial y especialmente su
financiamiento.
Lic. Ricardo Lasca – Frente Agropecuario Nacional (FAN)
Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV)


































































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